Las últimas semanas han estado marcadas políticamente por la polémica acerca de la educación concertada. Y es que tanto PSOE como Podemos, coalición que gobierna actualmente en España desde el 8 de enero del 2020, habían excluido del plan económico-educativo de recuperación del Covid-19 al conjunto de las escuelas e institutos concertados. Esto lllevó a los representantes de la educación concertada, tanto profesores y directores como familiares de los alumnos, a protestar públicamente en contra de esta medida.
Pero antes de nada debemos conocer en qué consiste la educación concertada. Porque para muchos sigue siendo un enigma. Como todos sabemos, en nuestro panorama educativo contamos con la escuela pública y con la escuela privada. La primera es un servicio público orientado a toda nuestra sociedad, mientras que la segunda es un modelo comercial donde cada centro establece unas pautas educativas propias. ¿Sí? Pues la educación concertada es justamente un híbrido. A medio camino entre la pública y la privada.
La razón es que la educación concertada en España funciona con fondos públicos, pero posee bastante autonomía para autogestionarse. Así, el Estado corre con los gastos del centro, incluidos las nóminas de sus trabajadores, y establece unas condiciones mínimas educativas que deben respetarse. Mientras tanto, estos centros educativos disponen de la libertad necesaria para trabajar bajo un modelo educativo propio. Es una manera de mantener vivas algunas tradiciones educativas, especialmente vinculadas a la religión.
Muchas voces provenientes de la educación concertada han elevado la voz durante estas últimas semanas en nuestro país contra la exclusión llevada a cabo por el Gobierno. Consideran que este tiene un problema de orden ideológico con este modelo educativo y que esta exclusión del plan económico-educativo de 2020 es una manera de dañarlo severamente. Más allá de opiniones y adivinaciones, es pública e inconfundible la relación de Podemos y la educación concertada. Es un modelo con el que no están de acuerdo.
Algo similar parece ocurrir con el PSOE y la educación concertada. El problema sería ideológico, dado que ambos partidos defienden la educación pública y universal frente a modelos exclusivos. Pero también en los gastos. Sin embargo, y según datos de la asociación de profesores de PLIS educación, basándose en datos de 2016, la plaza de un alumno en la enseñanza concertada cuesta la mitad que una plaza en centros públicos. Para ser más exactos, un 50,93% del coste de una plaza pública.
Es un debate altamente complicado. Una parte de la sociedad está de acuerdo con potenciar el modelo que propone la enseñanza pública, con un programa educativo universal al que todos tengan acceso de la misma manera. Otros, sin embargo, consideran que la educación concertada ofrece una oportunidad a los padres y a los alumnos de formarse en un modelo de enseñanza diferente sin tener que hacer frente a los costes de la escuela privada. Como vimos, el coste alumno de la educación concertada y pública no es el problema.
Más allá de posiciones políticas, la realidad es que en la educación concertada pública, también conocida como educación semipública, estudia hasta un 25% del alumnado español. La crisis del coronavirus produjo y sigue produciendo un profundo daño educativo a todos los estudiantes del país, incluidos ellos. El hecho de ser excluidos del plan de recuperación económica post Covid-19 los sitúa en desventaja. Por eso padres y colegios concertados amenazan con movilizaciones en septiembre ante la falta de ayudas.
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